Delitos de lesa humanidad: algunas notas sobre la sentencia del Tribunal en Neuquén


Fuente: http://escritoconsentido.blogspot.com.ar/2008/10/la-llama-y-la-pluma.html

Puño Alzado, ilustración de Iván Mouronte

Lo que sigue a continuación es un extracto de algunas reflexiones realizadas luego que el Tribunal Oral Federal de Neuquén dictara sentencia en la denominada “causa Luera” en 2012, correspondiente al segundo tramo de la principal causa por delitos de lesa humanidad que se instruye en la región. Escritas “en caliente”, formaron parte de un post scriptum que completó mi tesis doctoral. Tras la grata noticia de que la Cámara Nacional de Casación Penal acaba de revocar el fallo de dicho Tribunal, condenando a imputados que habían quedado absueltos y ordenando a los jueces a rever las penas impuestas, comparto aquellas reflexiones que hoy, afortunadamente, parecen viejas.

[Nota: gran parte de estas reflexiones giran en torno al trabajo de Carlo Ginzburg, El juez y el historiador, donde analiza el proceso y posterior condena de su amigo Adriano Sofri, acusado -injustamente, dirá el autor- de instigar el asesinato del comisario Calabresi]

(…)

Escribo esto y rápidamente me invaden las palabras de Foucault en La verdad y las formas jurídicas (1980), acerca de los efectos que tienen las sentencias judiciales en tanto constructoras e instauradoras de discursos de verdad. Tal como lo ha reflexionado el filósofo francés, queda claro cómo el poder -los poderes, en realidad- produce discursos que propone como verdaderos, y cómo el ejercicio del poder se hace posible -aunque no exclusivamente, por supuesto- a partir de esta construcción discursiva. En sociedades como la nuestra, plantea el autor, la verdad se forma en sitios “donde se definen un cierto número de reglas de juego a partir de las cuales vemos nacer ciertas formas de subjetividad, dominios de objeto y tipos de saber”, estableciéndose de esta manera una relación estrecha entre los discursos de verdad, los sitios en los que esa verdad se construye y el ejercicio del poder (Foucault 1980, 16). Uno de esos “sitios constructores de verdad”, una de las formas que emplea la sociedad occidental para definir tipos de subjetividad, formas de saber y relaciones entre las personas y la verdad es, precisamente, la práctica judicial1. Y es a partir de allí que es posible observar la doble función que adquiere el derecho en un proceso judicial -penalizar y construir verdades-, siendo la primera de ellas la más evidente y la que generalmente se privilegia frente a la segunda. No deja de ser razonable, por supuesto: su existencia se fundamenta en el hecho de tener que dirimir un conflicto en términos de culpabilidad o inocencia de un imputado, lo cual deberá quedar plasmado en una sentencia resolutoria. El derecho penal -a esta faceta de la práctica judicial me estoy refiriendo-, si tiene una razón de ser en su intrínseca brutalidad “que hace problemática e incierta su legitimidad moral y política” (Ferrajoli 2000, 21) es, precisamente la de imponer un castigo o una sanción a quien es considerado responsable de una conducta delictiva que, previamente, él mismo definió como tal. Pero, ¿qué sucede con la verdad cuando el juez o un tribunal concluyen en que no fue posible probar que tal hecho sucedió, o que el supuesto responsable no lo es? Una vez que la Justicia resuelve absolver a uno o más imputados en uno o más delitos por los que se los consideraba responsables, no por haber comprobado su inocencia sino por no haber podido probar su culpabilidad –in dubio pro reo- ¿Dónde queda alojada la verdad que se esperaba -deseaba- sentenciada?

§

Pienso en la segunda etapa del juicio y el hecho que sufrió Raúl Sotto, quien fue detenido ilegalmente, llevado a la Comisaría 24° de Cipolletti y allí torturado por policías que terminaron absueltos por el Tribunal. Sintéticamente, por no ser suficiente las probanzas colectadas para determinar la culpabilidad de los imputados. ¿Qué pasó con la prueba y los indicios que se pusieron de manifiesto? Raúl Sotto declaró, tanto en la instrucción como en el juicio oral, que había sido detenido y llevado a aquella comisaría devenida en centro de detención clandestina, donde fue interrogado por los oficiales Enerio Huircaín, Oscar Del Magro y torturado por Saturnino Martínez. Incluso a pesar de las contradicciones en las que lo obligó a incurrir el presidente del Tribunal, Orlando Coscia2, Sotto mantuvo siempre su relato respecto a quiénes eran los responsables de los apremios sufridos. Esta prueba, además, estuvo respaldada por otros testimonios, entre ellos el de Juan Domingo Pailos, detenido y torturado como Sotto en la comisaría cipoleña, quien también afirmó que “el que más se acercaba y los golpeaba a ellos era Sato Martínez”. Por parte de la defensa, también se aportaron elementos probatorios que apelaban a la inocencia de los policías mencionados, y finalmente el Tribunal ponderó esta última por sobre las anteriores. ¿Por qué los jueces decidieron dudar de la veracidad de los dichos de las víctimas?

A diferencia del caso analizado por Ginzburg (1991) donde los jueces no tuvieron ninguna duda sobre la veracidad de las acusaciones de Marino (el arrepentido que asesinó al jefe de policía Calabresi y que en su confesión acusó a Adriano Sofri de ser uno de los ideólogos), en la causa que nos ocupa los jueces dudaron de las palabras de las víctimas y terminaron absolviendo a los imputados. Marino, según relata Ginzburg, estuvo lleno contradicciones, omisiones y olvidos. Sin embargo -y aquí ve Ginzburg una de los errores fundamentales cometidos por los magistrados italianos- el juez obró más como historiador (como un historiador poco prudente, agrega) que como juez al ponderar el contexto por sobre la “prueba lógica” que tenía frente a sus ojos. Como apunta el autor, en nuestro oficio entendemos el contexto como aquel lugar de posibilidades históricamente determinadas que nos sirven para colmar lo que los documentos no nos dicen sobre la vida de un individuo (Ginzburg 1991, 110), o acerca de una situación concreta. Y como tales, las construcciones que hagamos a partir de esos contextos serán conjeturas, no hechos comprobados. Para la justicia, en cambio, los contextos se presentan como elementos o circunstancias atenuantes -o agravantes3– , y en ningún caso deberían ser tenidos en cuenta por sobre los elementos de prueba. En el caso que le ocupa, concluye, el juez yerra cuando pretende demostrar, “partiendo de circunstancias contextuales y en ausencia de cualquier hallazgo externo, que determinados comportamientos individuales de hecho han tenido lugar” (ídem, 112).

En nuestro caso la situación es totalmente diferente. Por un lado, Ginzburg no le creyó al testigo Marino, y tuvo sus motivos que expone claramente en su escrito. Marino se contradice en sus diferentes testimonios, cambia sus versiones y duda en varios momentos. Además, tenía motivos para mentir (uno de ellos, el no quedar como el autor intelectual del homicidio y derivar esa culpa hacia Adriano Sofri). En lo que a mi respecta en relación con la causa que estamos analizando, por el contrario, no puedo dejar de creer en las palabras de Sotto. Más adelante vuelvo específicamente sobre la cuestión del testimonio, pero aquí me interesa marcar esa diferencia. Sotto no tenía -no tiene- motivos para mentir, especialmente si descartamos de plano una supuesta vindicación revanchista o personal frente a los imputados en cuestión. No existe, concretamente, ningún criterio objetivo que pudiera inducir a la víctima a fabular. Nadie niega, por supuesto, la posibilidad de olvidos u omisiones; especialmente luego de treinta años de ocurridos los hechos. Pero eso no es lo mismo que la mentira. Sotto, al igual que otras víctimas, reconocen y repiten que el policía Saturnino Martínez fue quien los torturó. Y Sotto nunca se contradijo al decir que los oficiales Del Magro y Huircaín fueron quienes lo interrogaron mientras Martínez lo torturaba. Por otro lado, los jueces neuquinos también ponderaron el contexto y atendieron a una serie de indicios que, a diferencia de sus pares italianos, sí los hicieron dudar y absolver a los imputados. El Tribunal tuvo en cuenta algunas sutiles diferencias entre las tres declaraciones de Sotto (dos en instrucción y una en el debate oral), y a partir de ellas desestimó sin más las afirmaciones hechas por la víctima y que inculpaban a los policías. Observemos cuáles fueron esas diferencias (me parece abusivo denominarlas “contradicciones”) sobre las que basó el tribunal la absolución de Martínez, y las afirmaciones que desestimó. En su denuncia de 2007, se lee:

Estando esposado lo tiraron al piso, y luego de poner agua en un fuentón lo aseguraron físicamente por gente del ejercito, un señor que identifica como “SATO” MARTÍNEZ, que pertenecía a la policía provincial le introducía la cabeza dentro del agua preguntándole datos sobre personas conocidas, el lugar donde tenían las armas, la imprenta, el polígono clandestino, los explosivos y ante la negativa de no poder brindar tales datos le sumergía una y otra vez la cabeza en el agua. Que una consecuencia de tales torturas es que se le perforó el tímpano del oído izquierdo y fue sometido a una intervención quirúrgica (Denuncia de Raúl Sotto en FFGR, 31/05/2007)

Unos meses más tarde, diría Sotto en su testimonial en la Fiscalía Federal de Neuquén:

Preguntado quién lo golpeaba, dijo que Quiñones y Del Magro lo interrogaban y como el dicente no les decía lo que querían, después venía un policía que él conocía de chico, el Sato Martinez, todavía vive en Cipolletti, y lo llevaba a un cuartucho al lado de la oficina donde interrogaban y ahí le pegaban, piñas, con mangueras, con palos. Que en varias oportunidades le metieron la cabeza en el agua, que en una de esas oportunidades se le reventó el tímpano (…)

Finalmente, durante el debate oral, donde las preguntas del presidente Orlando Coscia lo terminaron confundiendo4, volvió a asegurar que fue Martínez el que lo torturó colocándole la cabeza adentro de un fuentón, y que el policía Del Magro fue uno de los que lo interrogó (Cfr. Testimonio de Raúl Sotto en TOCF 2012, 27/04/2012). ¿Cuáles son los fundamentos del tribunal para desestimar la actuación de Martínez? En su fallo, Coscia dijo tener “por seguro que la prueba colectada no señala la presencia del imputado en el lugar ni en el momento de ocurrencia de los hechos”, y, mientras subraya que Sotto no vinculó a Martínez precisamente en su detención, desestima que efectivamente sí lo hizo con respecto a las torturas recibidas. Y destaca sus supuestas “contradicciones”

Algo similar ocurre con respecto a los supuestos interrogatorios y tormentos sufridos por SOTTO durante su estadía en la Comisaría de CIPOLLETTI. Las diferencias existentes fueron advertidas por las defensas durante su declaración y expuestas finalmente en los respectivos alegatos. Del cotejo de todo ello surge por un lado que MARTINEZ fue el encargado de “torturar e interrogar” en simultáneo a la víctima, mientras que de la segunda declaración, prestada también ante el Ministerio Público Fiscal, se desprende que MARTINEZ sólo lo torturaba mientras que quienes lo interrogaban eran QUIÑONES y DEL MAGRO. Así también, al narrar específicamente el cuadro del “submarino”, SOTTO dijo que esa situación fue vista por CONTRERAS, quien en audiencia negó haber presenciado eso y aclaró “… eso es lo que SOTTO me comentó, no lo vi…” concretó el supuesto testigo presencial (Fundamentos de la Sentencia causa Luera TOCF 2012, 341; Mayúsculas en el original)

Y concluye diciendo que

Así, estas omisiones, olvidos y contradicciones, no permiten instalar la figura del enjuiciado en la reconstrucción de los hechos de forma cabal, inobjetable, al tiempo de ceñirme al relato del damnificado y los testigos convocados para abastecer su relato. Por tanto ese relato, aún sostenido por los acusadores con entidad suficiente para solicitar una pena, no resulta suficiente a mi criterio para destruir la presunción de inocencia que protege al imputado (Ídem, 341)

Descartando cualquier hipótesis conspirativa -especialmente porque ello implicaría tener que ponerla a prueba, y no es la intención de este trabajo (aunque ello no deseche la sospecha)-, así como un eventual complot (o interés deliberado) para desestimar los dichos de ciertas víctimas de acuerdo a su condición social o al tipo de victimarios que señalan en sus dichos, nos queda destacar cómo la valoración de la prueba hecha por el juez, junto con los indicios y la valoración del contexto fue totalmente diferente a la que podríamos hacer como historiadores. Como vimos, el juez Coscia ponderó sutiles elementos probatorios para justificar sus absoluciones a partir de la duda que estas le generaban. Según sus propias palabras, “omisiones, olvidos y contradicciones” que, a su criterio, no fueron suficientes para “destruir la presunción de inocencia que protege al imputado”. Llamativamente, ese mismo criterio -¡enhorabuena, acabamos de descubrir que los jueces también deciden según su ideología!- no lo hizo dudar cuando otras víctimas de la causa también omitieron, se olvidaron o se contradijeron. Víctimas estas, dicho sea de paso, que no habían llegado al juicio cuestionadas por un medio de comunicación hegemónico como el diario Río Negro y que tenían cierta legitimidad social a partir de su reconocimiento público…

En mi caso, como dije, y desde mi rol de historiador, no tengo dudas de la veracidad de los dichos de Sotto. El contexto en el que se produjo el hecho y la sistematicidad del plan represivo que lo tuvo como víctima nos ayuda, además, a explicar su caso particular. Los indicios dados por otras víctimas que también vieron a los imputados en la comisaría, y que incluso sufrieron vejámenes similares por algunos de ellos nos confirman la veracidad de los testimonios, más allá de ciertas omisiones y olvidos. El comprender cómo juega la memoria al momento de reconstruir situaciones límite, cómo el olvido se apodera de los recuerdos y la manera en que afectan a unos y otros los trabajos de rememoración en función de los diferentes espacios de contención que los rodean, nos empuja a analizar de manera diferente aquello que dictaminó el juez, y a trabajar en pos de construir una diferente verdad.

(…)

———————————-

1No debemos dejar de tener presente que estos discursos de verdad que construye el derecho son generalmente resistidos y refutados por otros discursos, con el mismo y claro objetivo de disputar el rol hegemónico que aquellos pretenden.

2Quisiera creer que sin propósito, pero me permito dudar a partir, valga la mención, de algunos interesantes indicios: si por algo se ha destacado Coscia tanto en el primer juicio oral como en el segundo, fue su precisión al momento de preguntar y de guiar a los testigos. Siempre dio la imagen de ser y actuar como una persona muy atenta a los dichos de las víctimas, y sus intervenciones ayudaron casi siempre a terminar de comprender qué quería decir quien estaba atestiguando. Menos en este caso. No quiero, sin embargo proponer una teoría conspirativa, pero me provoca un cierto ruido pensar que el Tribunal fue recusado por las defensas por haber participado en el primer juicio oral -y por lo tanto al dictar sentencia ya tenían idea previa formada respecto a lo que iban a enjuiciar en este segundo debate- y que todo el tiempo fue hostigado por estas respecto a que sus defendidos ya estaban “previamente condenados”. ¿Habrá querido demostrar lo contrario poniendo bajo presión a un testigo/víctima no lo suficientemente convincente?. Asimismo, resulta sugerente la presión ejercida desde antes del inicio del juicio por el diario Río Negro -sobre el cual no hay que soslayar ni un instante su peso político y su importancia en la construcción de una opinión pública hegemónica en la Norpatagonia-, para desestimar la tesis de la comisaría cipoleña como centro clandestino de detención, y de la participación de la policía de esa provincia en el plan represivo

3Ginzburg omite en su análisis mencionar siquiera la posibilidad de que los contextos también pueden ser tomados como agravantes. Por ejemplo, un caso de un crimen en el seno de una familia, en cuyo caso tal delito puede verse penalmente agravado por el vínculo.

4 Este es un dato interesante: más allá de mi propia apreciación, y de lo que se desprende de observar el video del debate, los/as propios/as abogados/as de las querellas coincidieron en que el testimonio se “embarró” a partir de la intervención del juez, que confundieron a Sotto, cuyo relato terminó siendo confuso respecto a los distintos momentos de su secuestro y cautiverio.

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