Una represión que no comenzó con el Golpe


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Imagen obtenida de http://www.denia.com

La violenta represión que caracterizó a la última dictadura militar-civil no comenzó el mismo día en que los militares ocuparon la Casa Rosada. Y resulta necesario resaltar esta cuestión si lo que pretendemos es comprender el desarrollo del plan represivo en su total magnitud, en cuyo transcurrir el gobierno de facto podría ser visto como el final de una etapa que había comenzado algunos años antes.

Es propio del campo periodístico, escolar e incluso judicial pensar el punto de partida del proceso de represión estatal en el mismo momento en que las Fuerzas Armadas asumieron formalmente el poder político del país, en la madrugada del 24 de marzo de 1976. Si bien es innegable la importancia de ese momento como el inicio “institucional” de la etapa dictatorial, creo que puede resultar importante tener en cuenta que dicho proyecto se puso en marcha un tiempo antes del golpe de Estado perpetrado en aquella noche de otoño. En tal sentido, y desde el punto de vista de la instrumentación del plan represivo, es posible encontrar una fuerte línea de continuidad entre una facción del tercer peronismo y el gobierno dictatorial, más allá de los matices propios de cada momento histórico. Es innegable que el accionar de las Fuerzas Armadas no fue el mismo antes que después del derrocamiento de María Estela Martínez de Perón, como tampoco lo fueron ciertas “libertades” que -aunque coartadas de alguna manera en los hechos- estaban amparadas constitucionalmente como la fueron la libertad de expresión, sindical, de movilidad, etc. Asimismo, si bien la propia práctica implementada masivamente por el gobierno militar consistente en la desaparición de personas como método de eliminar a la oposición y de infundir el terror en toda la población fue institucionalizada a partir del 24 de marzo, son numerosos los elementos de continuidad en términos de represión, persecución y aniquilamiento, como casos en que hombres y mujeres fueron efectivamente detenidas y desaparecidas durante el gobierno constitucional de la viuda de Perón.

En este sentido, creo que podría ser sugerente pensar no uno sino al menos tres momentos como posibles inicios del proceso represivo desplegado en todo el territorio nacional hasta 1983, todos ellos consecuentes y ligados entre sí con precisos elementos que le dieron continuidad dentro del tercer gobierno peronista: el surgimiento de la Triple A en noviembre de 1973 (y con ella la aparición de un “somatén criollo” que eliminara a la “subversión”), la declaración del estado de sitio en noviembre de 1974 (lo que implementó un “estado de excepción” necesario para el posterior desarrollo represivo), y la sanción de los denominados “decretos de aniquilamiento” en octubre de 1975 (con los cuales se montó toda una estructura operativa e institucional al servicio del accionar represivo del Ejército). Es cierto que podríamos ubicar otros puntos de partida susceptibles de ser considerados como “el inicio de la represión”; entre ellos, la denominada “Masacre de Trelew” ocurrida el 22 de agosto de 1972, en la que 16 presos políticos que se habían fugado del penal de Rawson fueron fusilados clandestinamente en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, o un poco más atrás en el tiempo en plena dictadura de Onganía, cuando se redactan y dan forma a la mayor parte de los reglamentos y normativa militar que luego sería doctrina durante todo este período. Sin embargo, los tres momentos mencionados son propios de un período en que el gobierno constitucional había comenzado a perder todo tipo de control sobre la situación política del país, y que empezaba a derrumbarse de manera inexorable. Esto, claro debe quedar, no lo coloca en una posición de víctima inocente y desbordada por una coyuntura inmanejable, sino por el contrario, como un protagonista excluyente de un proceso represivo que se extenderían a lo largo de toda una década.

Tal como sucedió en el resto del territorio nacional, en la zona del Alto Valle también comenzó a desplegarse gradualmente el plan de exterminio y terror, especialmente a partir de 1974, tanto por el accionar de fuerzas paraestatales como por la aplicación de la Ley 20.840 que habilitó a las “fuerzas legales” a perseguir y reprimir toda actividad considerada subversiva. A lo largo de 1975 y hasta concretado el golpe de Estado, la violencia política fue creciendo, especialmente a partir de la llegada a la Universidad Nacional del Comahue del interventor Dionisio Remus Tetu, cerebro ejecutor de la Triple A en la Patagonia Norte. Veamos sumariamente algunos hechos.

La mano de López Rega

En mayo de 1974 se ejecutaron una serie de actos intimidatorios que algunos analistas del momento ya le adjudicaban a fuerzas peronistas de derecha ligadas al entonces Ministro de Bienestar Social, José López Rega. El primero de ellos fue un atentado con bomba perpetrado contra la Unidad Básica peronista ubicada en la esquina de Laprida y San Martín de la ciudad de Cinco Saltos el 7 de mayo de 1974. En esa sede partidaria funcionaba la Regional VII de la Juventud Peronista, que sería blanco de nuevos atentados en los días siguientes, al igual que otras regionales de la JP del resto del país. Un comunicado de la agrupación peronista atacada, firmada por su Secretario General, Roberto Liberatore (quien luego sería secuestrado durante la dictadura, en septiembre de 1976), responsabilizaba directamente a “las hordas de [los comisarios Alberto] Villar y [Luis] Margaride que ocupan hoy un importante lugar dentro del gobierno popular”, y denunciaba al mismo tiempo otros atentados del mismo tipo realizados contra “la compañera [María Emilia] Salto en Cipolletti”, y a un colectivo que partía hacia Buenos Aires desde Viedma (para asistir a los actos del 1 de mayo), con militantes peronistas (Diario Río Negro 9/5/74, 24). Además, el 14 de mayo fueron atacados a balazos, “con armas de grueso calibre”, y con diferencia de cinco minutos, el local del Sindicato del Personal de Industrias Quimicas de Cinco Saltos, y la casa del ex Secretario General de la Regional VII de la JP, Luis Liberatore (padre de Roberto, mencionado recién), quien unos días antes (el mismo día en que había sufrido el atentado la Unidad Básica, el 7 de mayo) había recibido una amenaza que decía “te doy cinco días para que te rajes de acá, caso contrario te volaremos a vos y a tu familia” (Río Negro 15/05/74, 18). No deja de ser sugerente que todas estas amenazas y ataques hayan sido perpetrados contra una organización de base vinculada a Montoneros y opositora al peronismo de derecha vinculado a López Rega. Unos día después, el 18 de ese mes, se produjeron otros dos atentados más, pero esta vez en Cipolleti y dirigida contra militantes de la Federación Juvenil Comunista, opositores a la conducción del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Cipolleti (Río Negro 21/6/74, 10). Indicios, todos estos, que sumados a las amenazas de muerte a funcionarios y docentes universitarios, junto con una serie de atentados contra las viviendas de integrantes de la izquierda de la comunidad universitaria, no dejan mucho margen de dudas respecto al efectivo accionar bien de la Triple A o de alguna otra fuerza paraestatal, ya desde mediados de 1974.

A fines de ese año, incluso, quien fuera por entonces jefe de la agencia del diario Río Negro en la ciudad de Neuquén, Carlos Galván, fue “utilizado” como mensajero involuntario de una de las típicas amenazas que solía hacer la banda de López Rega. Según recuerda el periodista, a fines de 1974 la Triple A le dejó una nota en la agencia indicándole que debía ir a buscar un comunicado que miembros de esa fuerza habían dejado escondido detrás de la descarga de agua de una letrina, en la Terminal de Omnibus de Neuquén (por aquel entonces ubicada sobre calle Mitre, entre Río Negro y Corrientes). Cuenta Galván que hacia allí se dirigió y, en efecto, se encontró con un listado “de no menos de 15 o 20 docentes de la Universidad Nacional del Comahue, en el que se les comunicaba que habían sido condenados a muerte y que iban a ser ejecutados en el corto plazo”.

Remus Tetu y la universidad

Este despliegue gradual de la violencia política perpetrada por el (o con la connivencia del) Estado, se incrementaría en 1975 con la llegada de Remus Tetu a Neuquén, como interventor de la Universidad Nacional del Comahue. Es preciso tener en cuenta que el movimiento estudiantil universitario tuvo una gran actividad en la región desde comienzos de los setentas hasta entrado el proceso dictatorial, y por ello (aunque no sólo por ello) la universidad fue uno de los lugares que con más virulencia atacó el plan represivo cívico-militar. En este sentido, el desembarco de Remus Tetu respondió a la línea impuesta a nivel nacional desde el Ministerio de Educación, que desde agosto del año anterior había quedado en manos de Oscar Ivanisevich. Remus Tetu, un exiliado rumano que había integrado el movimiento fascista, ultranacionalista y antisemita Guardia de Hierro, asumiría como rector de la UNCo el 4 de enero de 1975, y permaneció al frente de esta casa de estudios hasta el 19 de noviembre de ese mismo año. En todo ese período, Tetu también fue rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, donde aplicaría las mismas políticas represoras y persecutorias que impondría en Neuquén[1]..

Durante su gestión, Tetu cesanteó a 46 trabajadores no docentes y 85 docentes, sin más fundamentos que el hecho de “resultar imperioso asegurar el clima de paz, orden, austeridad y trabajo que aspira a instaurar esta intervención, sin perjuicio de las mínimas remociones de persona exigidas para el cumplimiento de tal fin” (Res. UNC 013/75). Esta política persecutoria se completaría en el espacio universitario con el hostigamiento a estudiantes y agrupaciones políticas, así como la prohibición de la militancia partidaria y de los centros de estudiantes.

Al mismo tiempo en que Tetu expulsaba trabajadores y estudiantes de la universidad, el ex miembro de Guardia de Hierro incorporaba una legión de matones que servirían fielmente sus órdenes represivas; entre ellos, al tristemente célebre Raúl Guglielminetti. Estos personajes serían los encargados de ejecutar diversos atentados con bombas, tiroteos y allanamientos que formaron parte de lo que se denominaron “actividades de acción psicológica”, llevadas a cabo por quienes formarían parte de la Triple A en la región con el objetivo de “provocar en la ciudadanía el beneplácito por la llegada del golpe militar”, según las palabras del ex comisario Antonio Casal, oficial retirado de la Policía de Neuquén[2]..

Bajo el amparo de la 20840

Para finalizar con esta breve síntesis acerca del despliegue de violencia política puesta en práctica desde fines de 1974 en la región por o desde el Estado nacional (o con la connivencia de éste), no podemos dejar de mencionar el propio accionar represivo “legal” de las Fuerzas Armadas y de seguridad, a partir de una serie de detenciones que se llevaron a cabo aludiendo a la ley 20.840 de “Actividades Subversivas”. Entre otras detenciones realizadas con esa excusa, resulta paradigmático el operativo realizado el 20 de agosto de 1975 en el barrio Sapere, ubicado en el extremo Este de la capital neuquina, casi sobre la margen del río Neuquén. El raíd fue perpetrado por las policías Provincial y Federal, y en él se llevaron detenidos a alrededor de una docena de militantes barriales que luchaban por la construcción de viviendas en ese lugar. Entre ellos estaban Javier Seminario y Orlando Cancio quienes, a diferencia del resto de sus compañeros/as, continuarían detenidos hasta entrada la dictadura, y finalmente desaparecidos por ésta. Durante los años previos al golpe, Cancio y Seminario habían participado de la comisión vecinal del barrio y militaban junto con otros jóvenes que también serían secuestrados ya en plena dictadura, como José Francisco Pichulmán, Juan Raúl Pichulman, Amalia Cancio y Celestino Aigo.

A pesar de la distancia temporal que separa los secuestros de unos y de otros, es posible conectar todos ellos el marco de un plan destinado a detener el accionar político y social que llevaban adelante estos militantes barriales. Asimismo, y como parte de estas acciones persecutorias y de amedrentamiento, cabe señalar las detenciones políticas (y “legales”, dado la mencionada ley 20840) de un gran número de personas ocurridas en los meses previos al golpe militar, muchas de las cuales permanecerían en esa situación hasta entrada la dictadura.

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[1]      Y seguramente peores. Durante la gestión de Remus Tetu en la universidad bahiense, el estudiante David Cirihuello fue asesinado mientras esperaba ser atendido en la administración de esa casa de estudios.

[2]     Antonio Casal declaró tanto en la etapa de instrucción como en el debate oral del juicio por la causa Reinhold. Antes, incluso, había expresado públicamente su denuncia contra el accionar de la Triple A y Remus Tetu en el programa de televisión Cirqus, capítulo “Derechos Humanos”, emitido en 2005.

 

Artículo publicado originalmente en Cartagoweb

 

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