En Cipolletti hubo un centro clandestino de detención


 

Ricardo Carpani

Se equivoca Ponce de León, y lo sabe. O mejor dicho: miente, y lo sabe. Porque no hace falta esperar a los fundamentos del Tribunal para comprobar que efectivamente existió un centro clandestino de detención y torturas en la entonces Comisaría 24° de Cipolletti, esa que está ubicada en pleno centro de la ciudad. Sólo es necesario leer, con un mínimo de atención, el veredicto dado a conocer por el Tribunal el pasado martes 6 de noviembre.

 

El abogado defensor del ex comisario Héctor Del Magro salió festejando “como perro con dos colas”, según sus propios dichos. No era para menos, su defendido había quedado absuelto de los cargos que se le habían imputado durante el proceso, y tenía motivos de sobra para alegrarse. De todas formas, la sentencia aún no está firme y seguramente será apelada por la Fiscalía y las querellas. Tema aparte.

En medio de la algarabía, Ponce de León no pudo frenar su verborragia y salió a los cuatro vientos a decir que con este resultado había quedado demostrado que la comisaría de Cipolletti no había sido un centro clandestino de detención. Y el diario Río Negro, parte por demás interesada en que ello quedara así demostrado, publicó sus palabras bajo, precisamente, ese título. Para que quede bien claro que La comisaría no fue un centro clandestino, sentenciando, una vez más, que las víctimas que habían denunciado haber sido torturadas en ese lugar habían mentido.

Y dijo, en su catarsis: “no hubo vendas, no hubo esposas, no hubo catres, no hubo aislamiento. La comisaría siguió funcionando normalmente, se atendió al público a diez metros de las celdas donde dicen que estaban las supuestas víctimas. ¿Dónde está la clandestinidad?”.

Vamos al veredicto. En el documento, los jueces Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano determinaron, por unanimidad, absolver a un grupo de policías rionegrinos que estaban imputados de delitos de lesa humanidad. Entre ellos, a Gerónimo Enerio Huircaín, Saturnino Martínez, Julio Héctor Villalobo y Oscar Ignacio Del Magro. Policías que fueron identificados por Raúl Sotto, Oscar Contreras y Ricardo Novero como partícipes de sus secuestros y torturas. Por lo que se desprende de la sentencia del Tribunal, y ya un poco más fríos -e incluso reflexionando desde una necesaria autocrítica-, la prueba parece no haber sido suficiente y los mencionados policías quedaron absueltos. Es cierto también que la división en etapas de la causa dispuesta por el ex Juez Guillermo Labate atentó contra la posibilidad de probar los hechos en su completud, lo que habría dado más elementos probatorios al momento de analizar la participación de tales imputados. Pero esto es tema para otra discusión. Por lo pronto, aún queda por hacer el debate de La Escuelita III, y allí hay más casos que involucran a estos mismos imputados en ese tipo de delitos, lo que obliga a mirar hacia adelante y ver qué cosas corregir.

Pero si nos atenemos al veredicto en cuestión, en ningún momento se desprende de allí que la comisaría cipolleña no fue un centro clandestino de detención, sino todo lo contrario. Y a esto apunta esta reflexión. El ex comisario Alberto Camarelli y el entonces jefe del área 5212 con asiento en esa comisaría, el teniente Gustavo Vitón fueron condenados por el tribunal, por los delitos de asociación ilícita, partícipes necesarios de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y por la aplicación de tormentos psíquicos y físicos. El delito de privación ilegítima de la libertad también le fue adjudicado al entonces oficial de la policía rionegrina, Miguel Angel Quiñones. Es decir que el Tribunal consideró que efectivamente las víctimas fueron secuestradas y llevadas a “un lugar” donde fueron retenidas ilegalmente y torturadas durante un período de tiempo. Y ese lugar, sin dudas, fue la Comisaría de Cipolletti.

¿Exime a este lugar de ser un centro clandestino de detención, como sostiene Ponce de León, el hecho de que “no hubo vendas, no hubo esposas, no hubo catres, no hubo aislamiento”, el que la comisaría siguiera “funcionando normalmente” y se atendiera “al público a diez metros de las celdas donde dicen que estaban las supuestas víctimas”? En absoluto.

En su acepción más amplia, los centros clandestinos de detención y tortura fueron lugares donde las personas detenidas (legales e ilegales) o secuestradas eran trasladadas y retenidas por algún lapso de tiempo, que podía durar desde unas pocas horas -generalmente cuando se trataba de comisarías- hasta días, meses e incluso años, como sucedió en algunos campos de concentración. En estos últimos lugares, a diferencia de los primeros, quienes ingresaban desaparecían automáticamente. Dejaban de existir y quedaban a merced de quienes operaban ese dispositivo represor. Pasaban a ser “chupados” y la tortura en todas sus variantes se volvía permanente. Desde esta perspectiva, creo que puede resultar interesante diferenciar un campo de concentración -en el caso regional, La Escuelita- de su acepción más amplia y que lo contiene: el centro clandestino de detención y torturas.

De acuerdo a la documentación existente y a decenas de declaraciones de víctimas y testigos, es indudable que las comisarías de Cipolletti y Cutral Có, la delegación neuquina de la Policía Federal y la Escuela de Instrucción Andina en Bariloche se transformaría luego del golpe en centros clandestinos de detención y tortura. Su principal característica frente a los campos de concentración, es que fueron lugares que de alguna manera eran públicos -quizá menos la Escuela de Instrucción Andina, que estaba emplazada en el medio de un predio militar-, que todo el mundo conocía y tenía identificados. A los cuales generalmente las personas detenidas eran ingresadas por la puerta principal, esposadas y con la cara descubierta, y en los que la rutina diaria parecía no alterarse a pesar de las acciones ilegales y clandestinas que allí se llevaban a cabo. El movimiento normal del personal de la institución no se interrumpía, quienes continuaban haciendo sus tareas administrativas habituales. Incluso atendiendo al público como en cualquier comisaría o dependencia policial. Muchos de los miembros de las patotas o grupos de tarea que se encargaban de los secuestros y detenciones eran miembros de esas instituciones, conocidos o posteriormente identificados por sus víctimas una vez liberadas. Las localidades donde estaban emplazadas eran pequeñas y, en tal sentido, no fue casual que quien había sido vecino luego se convirtiera en represor.

Desde el momento en que ingresaban a esos lugares, los detenidos y secuestrados eran llevados a alguna oficina, patio o sótano, interrogados por sus actividades políticas o por personas vinculadas a alguna organización, mientras eran golpeados o torturados salvajemente casi sin excepción. Su ingreso no quedaba registrado en ningún libro y su permanencia allí podía durar desde horas hasta varios días, cuando finalmente eran liberados, trasladados a la Unidad N° 9 del SPF -donde quedaban blanqueados en calidad de presos políticos- o bien destinados a algún otro centro de detención. Su estancia en esos lugares fue siempre negada a los familiares que allí se dirigían para averiguar por ellos, aunque en ocasiones se les daba a entender que estaban allí detenidos y que prontamente serían dejados en libertad.

A diferencia de La Escuelita, por ejemplo, la cual entonces sólo se conocía por rumores y a la que nadie tenía acceso salvo el personal que allí actuaba, los centros clandestinos de detención que refiero tenían cierta exposición. Las propias víctimas sobrevivientes sabían exactamente dónde se encontraban detenidas e incluso quién o quiénes participaban de sus interrogatorios y torturas, y así pudieron atestiguarlo luego de su cautiverio. Pero aun así fueron clandestinos, terroríficos e indispensables en el entramado represivo puesto en funcionamiento.

Por todo esto, y por el reconocimiento del Tribunal respecto al tipo de delitos cometidos por Camarelli, Quiñones y Vitón -indudable y necesariamente llevados a cabo usando como base de operaciones y lugar de reclusión de las víctimas a la Comisaría de Cipolletti, es que Ponce de León se equivoca al negar que allí pudo haber existido un centro clandestino de detención. O quizá no se equivoca: seguramente sabe que aquello fue así, y miente. 

Publicada originalmente en (8300) Web

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3 respuestas a En Cipolletti hubo un centro clandestino de detención

  1. Horacio dijo:

    Brillante texto, Pablo. Abrazo

  2. Marcelo dijo:

    Excelente Pablo!!!

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